Bogotá refuerza la lucha contra la corrupción con nueva Política de Cumplimiento Normativo en el sector educativo

La Secretaría de Educación del Distrito adopta medidas concretas para prevenir riesgos jurídicos y promover la ética pública entre sus funcionarios y colaboradores.

En el marco del fortalecimiento institucional y la transparencia en la gestión pública, la Secretaría de Educación del Distrito adoptó la Política de Cumplimiento Normativo, como parte del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción (MGJA) establecido por el Decreto Distrital 479 de 2024. Esta estrategia busca consolidar una cultura de legalidad, ética e integridad en el sector educativo distrital, con acciones claras para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción.

Mediante la Resolución 1633 de 2024, la Secretaría aprobó esta Política y las directivas de la Entidad reafirmaron su compromiso institucional firmando el manifiesto de adhesión, disponible para consulta pública en el sitio web de la entidad.

Ejes de acción del modelo

La implementación del MGJA incluye seis componentes clave:

1. Política de Cumplimiento Normativo, como marco orientador.

2. Órgano de Cumplimiento, ejercido por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, creado mediante la Resolución 1880 de 2024.

3. Plan de Cumplimiento Normativo, construido de manera participativa desde marzo de 2025 con el acompañamiento del Equipo Técnico de la Política de Integridad, SARLAFT y Cumplimiento Normativo.

4. Líneas de defensa institucional, con asignación de responsabilidades claras para cada área.

5. Política de alertas de irregularidades (whistleblowing), que promueve la denuncia responsable de comportamientos contrarios a la legalidad y la ética pública.

6. Incentivos a la innovación y buenas prácticas, orientados a reconocer iniciativas ejemplares que refuercen la integridad en la gestión educativa.

Este modelo fortalece la capacidad institucional de la Secretaría para anticiparse a riesgos asociados a incumplimientos normativos, actos de corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo, tal como lo establece el artículo 328 del Decreto 479 de 2024.

Con esta apuesta, la Secretaría de Educación reafirma su compromiso con una educación pública transparente, eficiente y centrada en el bienestar de la ciudadanía, avanzando hacia una Bogotá más segura, íntegra y confiable. 

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